domingo, 2 de marzo de 2025

Privación de Libertad

 Por Yorik R,. Piña



La impotencia que sienten los ciudadanos frente a situaciones que escapan a su control es una realidad palpable en cualquier comunidad. Por ello, es fundamental ofrecer soluciones viables cuando surgen conflictos sociales, los cuales son inevitables y recurrentes.

Se presentarán posibles soluciones a los problemas del sistema penitenciario, enfocadas en lograr que cada infractor de la ley comprenda y asuma las consecuencias de sus actos. El objetivo central de la privación de libertad debe ser proteger a la sociedad y facilitar la reinserción social, asegurando que el castigo sea únicamente la pérdida de libertad, sin recurrir a sufrimientos adicionales.

Aquellos que se han desviado de las normas sociales necesitan un proceso de transformación. Este debe ser el propósito primordial de su encarcelamiento: prepararlos para reintegrarse a la sociedad, habilitándolos para contribuir al progreso, como lo hacen los ciudadanos responsables al cumplir con sus deberes fiscales, asegurando así mejores condiciones de vida para todos.

Castigar a los infractores más allá de la privación de libertad no solo es injusto, sino que también puede acentuar un ciclo de rencor y odio, llevando a futuras conductas delictivas más graves. Es crucial que el Estado no solo asuma la carga de mantener a estos individuos, sino que también trabaje en su rehabilitación, convirtiéndolos en miembros productivos de la sociedad.

En la antigua Roma

No debe haber más rechazo ni dolor. La única sanción debería ser la privación de libertad, acompañada de un compromiso firme con su tratamiento y reinserción social. Esto permitirá que los internos tomen conciencia del daño causado y experimenten un arrepentimiento genuino, y que, al salir, reanuden sus vidas armados con las herramientas de la asertividad y la empatía.

Desde 1921, la legislación argentina ha tenido como objetivo que los internos comprendan la gravedad de sus delitos y reúnan las herramientas necesarias para su reintegración social. Una motivación reciente para este cambio se observó en el encuentro de la Comisión de Salud Mental de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), celebrado en diciembre de 2024, donde más de 80 participantes discutieron la importancia de optimizar las políticas penitenciarias.

Es esencial reclutar más profesionales y fomentar asociaciones con el sector privado para mejorar el tratamiento de los internos. La realidad es preocupante: un psicólogo en República Dominicana tiene que atender a 490 internos, una carga insostenible que conduce al fracaso de la reinserción. Se sugiere que, idealmente, un psicólogo se encargue de cada 25 internos para asegurar un contacto regular y eficiente.

Además, se deben establecer "Centros de Formación en Valores" en regiones estratégicas para los jóvenes que han perdido el control en sus hogares y escuelas. Esto ayuda a prevenir que se conviertan en infractores en el futuro.

La penitenciaría ideal debe ser un lugar formativo, donde el enfoque no solo esté en castigar, sino en rehabilitar. Esto incluye propuestas como:

  1. Crear centros de formación en valores para jóvenes en riesgo.
  2. Exigir que las parejas que deseen casarse reciban formación en crianza adecuada.
  3. Imponer sanciones a padres que abandonen a sus hijos.
  4. Desarrollar una ley que obligue a pruebas de paternidad y que regule el tiempo de contacto de los padres con sus hijos.
En Noruega y en los Países Bajos, han cerrado muchas cárceles y otras las han alquilado a otros países. La reinserción social en esos países ha sido exitosa por la gran candidad de psicólogos que emplean para modificar las conductas desadaptativas.

La privación de libertad debe ser el único castigo impuesto, ya que cualquier castigo ad
n ese ambiente se consigue en Noruega la reinserción social de los privados de libertad.

icional solo genera resentimiento. Es fundamental priorizar la prevención y la rehabilitación para evitar que aquellos que infringen la ley se conviertan en una carga permanente para la sociedad.

También es necesario prestar especial atención a los problemas de salud mental. Según estadísticas, un alto porcentaje de los internos padecen trastornos psiquiátricos. Es vital que la atención médica en los centros penitenciarios esté en manos de profesionales capacitados, y se deben establecer unidades de evaluación para monitorear tanto a internos como a personal.

Finalmente, solidificar el compromiso del Estado con la rehabilitación integral es crucial. Solo a través de esfuerzos concertados podremos transformar el sistema penitenciario en un verdadero agente de cambio social.