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| Leonardo Mercedes |
El evidente manejo inadecuado del caso y la aparente predisposición con que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha venido al país a realizar sus indagatorias sobre las denuncias recibidas en torno a la situación de los inmigrantes haitianos, el carácter y las posibles consecuencias sobre sus derechos de la cuestionable Resolución 168-13 del Tribunal Constitucional, deja mucho que desear.
Es razonable y comprensible que las declaraciones de algunos de sus miembros antes y durante la visita que en estos momentos realizan al país, aceptando como buenas y validas el conjunto de denuncias recibidas de reales y supuestos perjudicados y criticando al país, genere en muchos dominicanos una actitud de aprehensión frente a las probables conclusiones y recomendaciones del Informe Final de los resultados de su investigación sobre el terreno.
Siendo como es, un organismo operativo y consultivo de la OEA, institución regional de los países del continente americano, y parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sus miembros deberían tener más cuidado al emitir juicios públicos sobre su labor y ejercer sus funciones tomando en cuenta dicha situación, sin que ello los lleve a perder la objetividad, veracidad y responsabilidad con que deben acompañar su accionar. El no hacerlo, empaña su papel.
La referida sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional nos ha metido en un tremendo berenjenal innecesariamente, sobre todo por su violación al principio de retroactividad de las leyes y por equiparar el problema de los nacionales hijos de inmigrantes con los de los inmigrantes ilegales.
Pero ante la situación tan delicada que nacional e internacionalmente le ha creado al país la cuestionada sentencia, que ha dado justificaciones de sobra para ser atacado, los dirigentes políticos y, principalmente, los funcionarios del gobierno, deben manejarse con mucha prudencia para no contribuir con sus acciones y declaraciones inoportunas y desacertadas a deteriorar más la imagen que ahora mismo se proyecta del país hacia el exterior.
En nada, que no sea a perjudicarla, puede ayudar a la causa nacional que el Señor Presidente de la República, los Miembros del Tribunal Constitucional y de la Junta Central Electoral se nieguen a recibir en sus respectivos despachos a la Comisión.
"Lo cortés no quita lo valiente". Sin dejar de cuestionar el indebido comportamiento de los miembros de la CIDH y sin que ello signifique el abandono de nuestro derecho soberano de actuar con libertad y en base a nuestros principios jurídicos, la CIDH debe ser recibida por estos funcionarios, quienes deben oírla y, a la vez, expresarle con firmeza sus juicios y puntos de vistas en torno al problema que los convoca y a su comportamiento frente al mismo. Tampoco se debe olvidar de nuestra parte el carácter, función y jurisdicción de la CIDH.
En este momento de dificultades nacionales debemos dejar a un lado las emotividades y asumir la realidad: Estamos frente a un serio problema de política e imagen internacional que podría dañar todos los aspectos de la vida nacional, y lo que debemos procurar es buscarle una solución inteligente, justa y honorable que devuelva la tranquilidad a la nación dominicana y restaure su buen nombre.
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